Ponente
Descripción
Amambay, Canindeyú y San Pedro concentran más del 90% del cultivo y los negocios asociados a las cerca de siete mil hectáreas de marihuana producida en Paraguay, que convierte al país en el mayor productor de Sudamérica. Los dos primeros departamentos mantienen fronteras difusas y porosas con Brasil, principal mercado del cannabis paraguayo. Por otro lado, Paraguay es uno de los países más prohibicionistas con relación al abordaje jurídico penal del fenómeno, estableciéndose penas mínimas de hasta 10 años para determinadas actividades. En este contexto de represiones y destrucciones de los cultivos, y persecución de las actividades, se analizan las motivaciones y perspectivas, así como los mecanismos de mantenimiento del negocio de cultivadores y comerciantes; así como los movimientos económicos que generan. La producción de información se realiza con un enfoque etnográfico en comunidades de Canindeyú y Amambay desde 2019, con visitas, observaciones y conversaciones informales, registrados en cuadernos de campo y fotografías, leyendose los hallazgos desde una mirada criminológica donde se combinan las categorías analíticas como la selectividad punitiva (Zaffaroni, 2011), la venta de mercaderías políticas (Mise, 1997), la gestión de ilegalismos (Foucault, 2022), y la gobernanza criminal (Lessing, 2020).
Los hallazgos muestran que la política represiva se vive de manera diferente en las comunidades productoras de marihuana y ciudades dependientes. Existen códigos y mecanismos de negociación con los distintos cuerpos de seguridad y justicia para que las plantas puedan crecer, garantizar cosechas y comercializarlas, según los canales establecidos.
Conclusión
Las motivaciones que existen para la plantación de la marihuana se sintetiza en la generación de rentas, ya que entre los cultivos posibles es el que tiene mayor seguridad de colocación y un precio relativamente estable, en torno a unos 4 dólares el kilo; respecto a los temores, las posibilidades de detención y más que nada de la pérdida de la producción por incumplir alguno de los códigos establecidos para la actividad ronda como un fantasma todo el tiempo, aunque hay conciencia que es difícil la intervención institucional si pagan los cánones establecidos, previa comunicación de la cantidad de hectáreas que producirán; como perspectiva lejana tienen la intención o el deseo de cambiar de rubro, aunque siempre si existen otras posibilidades que generan igual o mayor dinero. La tolerancia social e institucional es justificada de manera casi unánime en la necesidad de ingresos económicos y la falta de opciones en la economía lícita.
Metodología
La producción de información se realiza con un enfoque etnográfico en comunidades de Canindeyú y Amambay desde 2019, con visitas, observaciones y conversaciones informales, registrados en cuadernos de campo y fotografías, leyendose los hallazgos desde una mirada criminológica donde se combinan las categorías analíticas como la selectividad punitiva (Zaffaroni, 2011), la venta de mercaderías políticas (Mise, 1997), la gestión de ilegalismos (Foucault, 2022), y la gobernanza criminal (Lessing, 2020).
Introducción
Amambay, Canindeyú y San Pedro concentran más del 90% del cultivo y los negocios asociados a las cerca de siete mil hectáreas de marihuana producida en Paraguay, que convierte al país en el mayor productor de Sudamérica. Los dos primeros departamentos mantienen fronteras difusas y porosas con Brasil, principal mercado del cannabis paraguayo. Por otro lado, Paraguay es uno de los países más prohibicionistas con relación al abordaje jurídico penal del fenómeno, estableciéndose penas mínimas de hasta 10 años para determinadas actividades.
Objetivo
En este contexto de represiones y destrucciones de los cultivos, y persecución de las actividades, se analizan las motivaciones y perspectivas, así como los mecanismos de mantenimento del negocio de cultivadores y comerciantes; así como los movimientos económicos que generan.
Resultados
Los hallazgos muestran que la política represiva se vive de manera diferente en las comunidades productoras de marihuana y ciudades dependientes. Existen códigos y mecanismos de negociación con los distintos cuerpos de seguridad y justicia para que las plantas puedan crecer, garantizar cosechas y comercializarlas, según los canales establecidos.
| Area | Ciencias Sociales y Humanidades |
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